Control fiscal ambiental y ODS: perspectiva global, América Latina y Venezuela

El control fiscal ambiental emerge como eje estratégico de la gobernanza climática en el horizonte final de la Agenda 2030. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) deben transformar su función de verificación presupuestal en instrumento activo de accountability ecosistémico, capaz de auditar la coherencia intersectorial, la trazabilidad del gasto climático y la calidad institucional de las políticas ambientales. Este artículo examina el control fiscal ambiental desde una perspectiva global, con énfasis en América Latina y Venezuela, analizando marcos normativos, capacidades institucionales, brechas estructurales y vinculación con los ODS. Mediante revisión documental de INTOSAI, OLACEFS, ONU-DESA y CEPAL, y literatura indexada en Scopus y Web of Science (2020-2026), el estudio identifica cuatro tensiones estructural: incoherencia fiscal-ambiental por subsidios fósiles que superan veintidós veces los ingresos por impuestos al carbono; heterogeneidad de capacidades auditoras de las EFS; rezago en tecnologías de auditoría ambiental; y la paradoja venezolana de un marco constitucional de vanguardia con institucionalidad contralora funcionalmente vaciada. Los hallazgos evidencian que la efectividad del control fiscal ambiental depende menos del volumen del gasto que de la independencia institucional de las EFS y la coherencia de los incentivos fiscales con los compromisos climáticos nacionales e internacionales.

Description

Analiza el estado del control fiscal ambiental desde una perspectiva global, con énfasis en América Latina y en el caso particular de Venezuela. La tesis articuladora sostiene que la efectividad del control fiscal ambiental no depende del volumen del gasto público ni de la sofisticación de los marcos legales, sino de la independencia institucional de las EFS y de la coherencia del sistema de incentivos fiscales frente a los compromisos climáticos, tesis que implica que las reformas normativas, aunque necesarias, son insuficientes sin una reconfiguración del contexto político-institucional en el que operan los órganos de control. Al estar vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular con los ODS 6, 13, 15 y 16, proporciona un marco de referencia transnacional que permite evaluar el desempeño institucional de los sistemas contralores más allá de sus contextos nacionales.